Con unos precios de viviendas cada vez más elevados, las subastas pueden suponer un ahorro importante frente al mercado libre. En el portal de subastas del Boletín Oficial del Estado (BOE) puedes encontrar toda la información junto a otras subastas extrajudiciales realizadas por la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, y las empresas especializadas como Invest MSS.
Cuando se participa en una subasta es importante tener en cuenta que la situación posesoria puede no conocerse hasta entrar en la casa. El organismo que lance la subasta no está obligado a indicar si el inmueble adjudicado está libre, ocupado ilegalmente o si reside un inquilino con contrato de alquiler en vigor.
Por eso, cuando nos implicamos en una subasta debemos tener en cuenta que el desconocimiento de la situación posesoria puede suponer riesgos y sobrecostes importantes. Además, la toma de posesión efectiva puede dilatarse según la situación del inmueble.
Recuperar una vivienda okupada
En el caso de que existan okupas tras una subasta judicial, el plazo del adjudicatario para instar al lanzamiento es de un año. En cambio, si es una subasta administrativa rige el “desahucio precario”, ya que estos organismos no tienen potestad para ordenar el lanzamiento de los okupas.
De media, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se tarda cerca de un año y medio en recuperar una vivienda ocupada ilegalmente en España.
Inquilinos con contrato en vigor
En una vivienda con un inquilino con contrato en vigor, rige la fecha de ese contrato para la cancelación del mismo. Si el contrato no ha sido inscrito en el Registro de la Propiedad antes del embargo hipotecario quedarán extinguidos.
En caso contrario, el adjudicatario deberá respetar el arrendamiento durante cinco años desde la fecha del contrato en caso de que sea un particular y durante siete si se trata de una empresa. En el caso de que el inquilino incurra en impagos comenzaría el proceso de desahucio.
Cabe destacar que los datos del segundo trimestre de 2023 del CGPJ muestran que el 72,9% de los lanzamientos tuvieron relación con procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).